José Miguel Vipond en la Puerta del Sol.

MCR

Estamos ante uno de los asuntos decisivos de la vida de las personas, las generaciones y los pueblos: la educación y formación.

En España, desde 1978, las sucesivas leyes educativas no se han hecho pensando en aquellos, sino en los intereses partidistas. La nueva normativa, conocida popularmente como Ley Wert, también cae en más de lo mismo.

Por todo ello y por las consecuencias que puede acarrear, Rick´s Café se ha sentado a charlar y escuchar a José Miguel Vipond, profesor de matemáticas en un centro público de Secundaria y Bachillerato en la región de Murcia. Como podréis comprobar algunas de las preguntas que le he planteado exigen profundidad de miras y tener presente las diferentes sensibilidades. Vipond las ha afrontado uniendo lo que sabe, lo que experimenta y comparte, lo que piensa y lo que cree.

José Miguel, eres profesor de Matemáticas en un centro de Secundaria y Bachillerato. Tres preguntas. La primera, ¿qué realidad te encuentras en el centro en el que trabajas sobre el nivel de tus estudiantes en esta materia?

Trabajo en un centro con alumnado muy diverso, en intereses y capacidades, por lo que no es fácil dar una respuesta unívoca. Lo importante es procurar atender a esa diversidad de la mejor manera posible: que el alumno o alumna con más dificultades en Matemáticas no se quede atrás y, al mismo tiempo, que aquellos de mayor capacidad avancen y encuentren estímulos, retos… En un aula masificada, esto resulta muy difícil; hay que reducir la ratio de alumnos por profesor, y encontrar formas de organizar el aula que favorezcan la atención adecuada para todos. La realidad del centro es que los profesionales intentamos trabajar en las aulas con estos condicionantes, y no siempre disponemos de los recursos necesarios para ello.

La segunda, ¿qué te comentan compañeros tuyos de otros centros de tu provincia o de otras partes de España sobre ese asunto concreto?

Hay una cierta corriente de opinión bastante generalizada en el sentido de que el nivel de Matemáticas es bajo (o muy bajo). Opino que este juicio habría que matizarlo, pues suele obedecer a una perspectiva sesgada, resultante de comparar las realizaciones de nuestro alumnado con los de aquellos que cursaban niveles equivalentes en el pasado. Pero se olvida que en otras épocas sólo una minoría accedía a los cursos de Bachillerato, y ahora es distinto. Yo más bien diría que los alumnos más brillantes de entonces son perfectamente equiparables a los de hoy pero, sin embargo, aquellos que ayer eran expulsados del sistema educativo, hoy tienen oportunidades y buena parte de ellos –aunque  no todos– las aprovechan. En síntesis, la población escolar es ahora más amplia y más heterogénea, de modo que, en promedio, su rendimiento es lógicamente más bajo que el que tenía la reducida y elitista población escolar de otros tiempos. Globalmente, no obstante, considerando el nivel educativo general de toda la población, el efecto es claramente positivo, pues aquellos que antes no se formaban ahora sí se están formando. En lo que sí coincidimos, creo, todos los docentes de Matemáticas es en reclamar los medios necesarios para atender mejor a toda esa población escolar heterogénea. Lamentablemente, la situación de los centros públicos de enseñanza dista mucho de ser idónea para ofrecer una enseñanza de calidad. Y las políticas de recortes no ayudan precisamente a mejorar.

La tercera, un profesor universitario compartía un lúcido artículo de una profesora estadounidense que desde hace varias décadas analiza los informes PISA. Esa investigadora estadounidense revelaba que desde que ella analizaba los PISA, estaba cada vez más contenta porque EEUU sigue siendo un país de personas creativas, que desarrollan talentos y vocaciones, y emprenden negocios. Y eso que las variables de los sucesivos informes PISA marcaban y dibujaban un panorama bastante distinto a esta realidad. ¿Qué valoración haces?

En realidad, PISA –y esta es una de las críticas que suele recibir– sólo mide unos pocos indicadores de la Educación, que no son, precisamente aquellos que apunta esta profesora como claves explicativas de por qué Estados Unidos destaca como potencia cultural y económica. Las competencias en Lectura, Matemáticas, Ciencias son, sin duda, importantes, pero no lo son todo. El panorama general sobre el sistema educativo no debería analizarse únicamente atendiendo a los resultados de los alumnos de cierta edad en unos tests escritos –por muy bien diseñados que estén– pensados para medir exclusivamente esas competencias en ciertos contextos. Pueden servir para apuntar algunas líneas de mejora interesantes, pero hay que relativizar sus conclusiones.

¿Qué análisis haces sobre el hecho de que las sucesivas leyes de Educación que se han aprobado en España a nivel estatal y autonómico desde 1978 no hayan contando con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias?

Somos muchos quienes pensamos que un mínimo consenso en materia educativa, basado en objetivos y estrategias compartidas por todos, es algo imprescindible para dotar de cierta estabilidad al sistema y permitir un trabajo coherente en las aulas… Pero esto, al parecer, en España resulta utópico. ¿Por qué? La Educación parece condenada a estar sometida permanentemente a los vaivenes de la política partidista. En esto, tanto los de un lado como los de otro se reparten culpas, pero, en mi opinión, hay algunos escollos históricos específicos de nuestro país que explican por qué aquí –a diferencia de otros países– ese consenso parece imposible: los intereses de la escuela privada y el poder de la Iglesia Católica. En casi todos los países de nuestro entorno el peso del sector privado y/o confesional en la Enseñanza es anecdótico; aquí su influencia es enorme. No obstante, hay que apuntar que, si bien la ausencia de consenso es un defecto atribuible a todas las Leyes educativas desde siempre, la última –la llamada Ley Wert–, se lleva la palma. Por la prepotencia del Ministro, por su falta de voluntad de diálogo, por su empeño de tramitarla con prisas, sin atender a ninguna opinión, ni de expertos en Educación ni de instituciones oficiales como el Consejo de Estado… Y aprobada por una sola fuerza parlamentaria. Es una chapuza que nunca debería haber sido promulgada.

La denominada Enseñanza Pública, cuesta, implica inversiones a partir de nuestros impuestos y de otras partidas de ingresos que tiene el país y que se redistribuye a través de los presupuestos. Primera cuestión: desde la realidad cotidiana de años de docencia, con honradez, ¿qué hay que mejorar en ella a nivel de enseñanza, de gestión de los centros y de coordinación entre áreas provinciales?

En mi opinión, las mejoras tendrían que ir encaminadas fundamentalmente a dotar a los centros públicos de enseñanza de profesionales bien formados, en número suficiente para atender las múltiples necesidades educativas de nuestro alumnado, en unas aulas que no estén masificadas. Asentadas estas bases, las inversiones tendrían que destinarse a potenciar proyectos educativos que incorporen metodologías y contenidos más prácticos, que fomenten la creatividad y la reflexión crítica, la comprensión real de los conceptos, etc. Lo mejor que podrían hacer las administraciones educativas para implementar estas mejoras es apoyar a los profesionales, confiar en la autonomía de los centros, y respetar la participación de la comunidad educativa en estos procesos.

Segunda cuestión, hay gente que llega a acceder a una plaza de interino e incluso se convierte en funcionario en la enseñanza sin tener vocación, ni con los años desarrolla esa vocación, sino por tener un buen sueldo y una plaza. ¿Qué consecuencias tiene esto para la calidad de la enseñanza, para la convivencia en los centros educativos entre profesores?

Es innegable que, lamentablemente, existe en los centros ese perfil de profesional sin vocación ni motivación que describes; pero tengo que aclarar que, según mi experiencia, abunda mucho más el perfil de profesional comprometido, con enorme capacidad de trabajo hacia los alumnos y las familias, que dedica sus esfuerzos a las tareas educativas excediendo con creces lo estrictamente exigible por su horario... Es obvio que los malos profesores perjudican la calidad de la enseñanza y, a veces, generan dinámicas negativas en el trabajo de los departamentos y los claustros; pero, afortunadamente, el ambiente general no se deja arrastrar por esa pendiente.     

Tercero, ¿qué hacemos para que esa lacra de acceso a puestos tan importantes humana y socialmente no se expanda?

La formación a nivel de Grado universitario puede mejorar, qué duda cabe, y también el sistema de acceso a la función pública docente. Hay modelos de distinta índole para que accedan a la enseñanza profesionales bien preparados, tanto en el dominio de las disciplinas que deben enseñar, como en los aspectos didácticos, psicopedagógicos, etc. Por regla general, la acumulación de experiencia que van adquiriendo los nuevos profesores que acceden a plazas en régimen de interinidad es un factor que favorece su calidad profesional y debe ser reconocida como tal. Naturalmente, deben respetarse los principios de equidad, mérito y capacidad, y, en consecuencia, cualquier método que propicie el favoritismo o enchufismo debería desaconsejarse. Hay que prevenirse contra ciertos modelos como el de la LOMCE, por ejemplo, que facultan a los directores para la selección del personal. No creo que eso solucione el problema que pueden representar algunos malos profesionales que pueblan los centros. Otra cosa es que la Inspección asesore y actúe en los casos más problemáticos; pero no sería acertado que estas excepciones marcaran la regla.   

Tengamos presente que los sueldos y las condiciones laborales del profesorado de esas otras dos ramas, concertada y privada, salvo casos excepcionales en nuestro país, son menores que en la pública. Y al final todos somos personas y ciudadanos, hay un barco común, a pesar de los compartimentos estancos. ¿Qué podemos hacer para que la Enseñanza Pública conviva pacíficamente con la Concertada y la Privada?

No creo que el problema de convivencia se dé entre los profesionales, aunque haya un cierto desfase (no mucho) en los sueldos –por cierto, bastante recortados y congelados en los tiempos que corren. Pienso que el problema radica en la diferencia de prioridades entre los centros con vocación de servicio público y los centros que responden a intereses privados. Pero esta dicotomía no es atribuible a los trabajadores sino a los gestores de los centros, es decir, en el caso de la Privada, a las empresas titulares de los mismos. Un centro que, por ideario propio o por política de empresa (o por ambas cosas), selecciona a su alumnado procurando un determinado perfil socioeconómico, o segrega por sexos, etc., no puede admitirse como garante del derecho universal a la educación. Por el contrario, un centro que atiende a todo tipo de alumnado sin discriminaciones, con incidencia especial en sectores socialmente deprimidos..., ese centro, aunque sea de la red privada concertada –estoy pensando en algunas cooperativas de enseñanza–, ha de considerarse como un centro educativo que está prestando un servicio público. Incluso puede que esté prestando ese servicio con mayor eficacia que algunos centros públicos cuyas dinámicas de funcionamiento interno tiendan a excluir del éxito académico a ciertas capas de población desfavorecida.

Lo deseable sería que la red pública estuviese en condiciones de atender a la demanda educativa de toda la población, y las Administraciones educativas deberían promover la integración en la red pública de aquellos centros concertados que realmente tienen esa vocación pública que he señalado antes, respetando (y apoyando) su proyecto educativo. Lo que no se debería hacer en ningún caso es privilegiar desde la Administración los intereses mercantiles e ideológicos de entidades privadas que entran en la Educación buscando el beneficio, y no la prestación de un servicio esencial.   

¿Qué iniciativas de desobediencia civil defendéis frente a la Ley Wert?

En este momento, proponemos el envío a las Consejerías de educación de cartas en las que nos declaramos objetores de conciencia a la LOMCE. Se trata de un gesto simbólico que expresa un compromiso personal de cada docente, padre, madre, estudiante, en contra de esta Ley injusta y anti-educativa. La carta tiene la virtud de fomentar en los centros el debate sobre lo que implica la Ley y preparar el terreno para otras acciones que contribuyan a obstaculizar en todo lo posible el desarrollo y la aplicación de los aspectos más nocivos de esa Ley; incluso, llegado el caso, llevando a cabo actos de desobediencia civil, es decir, de incumplimiento de ciertas obligaciones legales, asumiendo el riesgo de posibles sanciones.  

Algunas iniciativas van encaminadas a denunciar los cambios curriculares, tanto por su dudoso fundamento pedagógico, como por la  pérdida de puestos de plantilla que conllevan. Frente a esto, nos proponemos acciones como rehusar el cumplimiento de nuestros horarios, congelar las programaciones, declarar personas non-gratas… En esta línea, prevemos acciones pensadas para significar nuestro rechazo a la manera como esta Ley potencia las enseñanzas confesionales. Otras propuestas consisten en boicotear las llamadas reválidas o pruebas de diagnóstico tendentes a clasificar al alumnado y restringir sus opciones formativas; y cuyos resultados, además, servirán para establecer rankings entre centros… También boicotearemos desde las juntas de evaluación las decisiones que deriven a algunos alumnos hacia los llamados itinerarios basura, que les excluyen del título de Secundaria.

Proponemos potenciar un funcionamiento democrático de los centros, obviando el modelo autoritario de Wert; que los directores renuncien a sus prerrogativas para seleccionar al personal o para suscribir contratos con entidades privadas sin contar con el Consejo Escolar. Finalmente, tenemos previstas acciones de no colaboración con las externalizaciones (léase privatizaciones) o las prácticas que fomentan la competencia entre los centros, como los Bachilleratos de excelencia, o los experimentos de rendición de cuentas. Y, frente a las cláusulas que favorecen la financiación de centros privados que segregan por sexos, promoveremos fórmulas de objeción fiscal.

Sobre qué te gustaría hablar que no hayamos hablado.

Únicamente remarcar el sinsentido de promulgar esta Ley, autodenominada de mejora de la calidad educativa, al mismo tiempo que se reducen continuamente los presupuestos de Educación, se despide a decenas de miles de profesores y se empeoran deliberadamente las condiciones de trabajo en las aulas. Esta Ley, junto con las políticas de recortes, no están pensadas para mejorar la Educación pública, sino para promover un nuevo modelo educativo, de corte neoliberal, en el cual los agentes privados se sitúan en el vértice, lo público queda en posición inferior y la comunidad educativa (padres, profesores, estudiantes) simplemente desaparece de la escena. Por eso constituye una grave amenaza al derecho a la educación y entendemos que, frente a ella, es perfectamente legítima la desobediencia civil.